La calidad arquitectónica se sitúa en el centro de las políticas para impulsar la vivienda pública con la firma de un protocolo de actuación entre el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
El acuerdo, con una vigencia inicial de cuatro años, pretende fomentar el uso de los concursos de arquitectura como procedimiento prioritario para el desarrollo de promociones de vivienda asequible, al tiempo que impulsa procesos constructivos más eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía.
La iniciativa llega en un momento especialmente significativo para el sector residencial. España afronta un importante déficit de vivienda, estimado por el Banco de España en unas 750.000 viviendas, mientras que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales y económicos del país.
En este contexto, ambas instituciones defienden que la respuesta no debe centrarse únicamente en incrementar el número de viviendas construidas, sino también en garantizar que estas ofrezcan calidad arquitectónica, eficiencia, integración urbana y capacidad para responder a las necesidades presentes y futuras de la población.
La calidad arquitectónica como elemento estratégico de la vivienda pública
El protocolo firmado por el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y la presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, parte de una idea fundamental: la vivienda constituye un bien de interés general y no puede abordarse únicamente como un producto de mercado.
Bajo esta premisa, ambas entidades consideran que la arquitectura desempeña un papel determinante no solo en la configuración física de los edificios, sino también en aspectos como la salud, el bienestar, la inclusión social, la eficiencia en el uso de los recursos o la adecuada integración de las nuevas promociones en el entorno urbano y territorial.
Por ello, el acuerdo apuesta por reforzar el papel de los concursos de arquitectura como herramienta para seleccionar las mejores propuestas mediante procedimientos transparentes, abiertos y basados en criterios objetivos de calidad.
A diferencia de otros modelos de contratación, los concursos permiten que las propuestas sean evaluadas por jurados especializados, valorando aspectos como la innovación, la sostenibilidad, la funcionalidad o la calidad arquitectónica, más allá de criterios exclusivamente económicos.
Concursos de arquitectura para mejorar la calidad de las promociones públicas
Uno de los principales compromisos recogidos en el protocolo consiste en impulsar los concursos de arquitectura como procedimiento preferente para la contratación de proyectos de vivienda pública.
El objetivo es favorecer la selección de soluciones arquitectónicas capaces de responder de forma equilibrada a los desafíos actuales de la edificación: eficiencia energética, sostenibilidad, accesibilidad, calidad constructiva, adaptación al contexto urbano y optimización de los recursos públicos.
Además de fomentar este modelo de contratación, el acuerdo contempla actuaciones dirigidas a agilizar los procedimientos de licitación y favorecer la construcción de vivienda asequible mediante procesos constructivos más eficientes.
La construcción industrializada aparece en este escenario como una de las herramientas con mayor potencial para reducir plazos de ejecución, optimizar costes y mejorar la calidad final de los edificios, aspectos especialmente relevantes en un momento en el que la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública constituye una prioridad para las administraciones.
Transparencia y criterios objetivos para la contratación de servicios de arquitectura
Otro de los aspectos destacados del protocolo es el compromiso de ambas instituciones para desarrollar criterios objetivos y transparentes que sirvan de referencia a las administraciones públicas en la estimación de los costes asociados a los servicios de arquitectura.
Aunque estos criterios no tendrán carácter vinculante, sí pretenden convertirse en una guía que facilite una contratación más equilibrada y acorde con la complejidad técnica de los proyectos.
El objetivo es evitar que el precio continúe siendo el principal factor de decisión en los procesos de contratación pública y favorecer que la calidad de las propuestas tenga un mayor peso durante la adjudicación.
Para el CSCAE, esta medida constituye un paso importante para reforzar la consideración de la arquitectura como un bien de interés general y contribuir a que los proyectos respondan adecuadamente a las características sociales, culturales y territoriales del lugar donde se desarrollan.
Un acuerdo alineado con la Agenda Urbana Española
El protocolo también contempla actuaciones destinadas a promover una mayor coordinación entre las distintas administraciones con competencias en arquitectura y edificación.
Entre los objetivos figura impulsar propuestas orientadas a mejorar la calidad arquitectónica y la asequibilidad de la vivienda mediante la optimización de los procesos constructivos, siempre en consonancia con los principios recogidos en la Agenda Urbana Española.
Esta visión plantea una aproximación integral a la promoción residencial, en la que la arquitectura, el urbanismo, la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos forman parte de una misma estrategia para responder a los retos actuales de las ciudades.
En este sentido, el Ministerio manifiesta su voluntad de seguir impulsando el empleo de concursos de arquitectura, promover desarrollos normativos que favorezcan la calidad arquitectónica en la contratación pública y fortalecer la colaboración entre administraciones para avanzar hacia un modelo de vivienda pública más eficiente y sostenible.
La vigencia inicial del protocolo será de cuatro años, con posibilidad de prorrogarse por un periodo adicional mediante acuerdo entre ambas partes.
El debate sobre los honorarios vuelve al centro de la profesión
La firma del protocolo coincidió con la celebración del Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026 Barcelona, donde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España abrió también un debate sobre otro de los asuntos que más preocupa al colectivo: la evolución de los honorarios profesionales y su impacto sobre la calidad de la arquitectura.
Bajo el título «El desafío de los honorarios de arquitectos en Europa», representantes de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), la Orden de Arquitectos de Portugal y el propio CSCAE analizaron las consecuencias que ha tenido la liberalización de los honorarios profesionales durante las últimas décadas, en un contexto marcado por la creciente presión sobre los precios, la internacionalización del mercado y la complejidad creciente de los proyectos arquitectónicos.
Durante la sesión se puso de manifiesto que la arquitectura afronta hoy retos cada vez más exigentes, como la descarbonización de los edificios, la regeneración urbana, la rehabilitación del parque edificado, la industrialización de la construcción o la protección del patrimonio, circunstancias que requieren una elevada especialización técnica y una mayor dedicación profesional.
La calidad arquitectónica también depende de unas condiciones profesionales adecuadas
Uno de los principales mensajes trasladados durante el encuentro fue que la calidad de los proyectos arquitectónicos está directamente relacionada con las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesionales.
La presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, defendió que disponer de unos costes adecuados para los servicios de arquitectura resulta imprescindible para que los arquitectos puedan responder al nivel de calidad que actualmente demanda la sociedad.
Desde esta perspectiva, los participantes coincidieron en que la arquitectura no puede valorarse únicamente desde criterios económicos, ya que las decisiones adoptadas durante la fase de proyecto condicionan durante décadas el funcionamiento de los edificios, la calidad de los espacios urbanos y el patrimonio que heredarán las generaciones futuras.
Los edificios no solo resuelven necesidades funcionales. También influyen sobre la salud, el bienestar, la cohesión social, el paisaje urbano y la identidad de las ciudades, por lo que reducir la contratación al criterio del menor precio puede comprometer el resultado final de las actuaciones.
Competir por la calidad y no únicamente por el precio
Durante el debate también se puso de relieve que buena parte de los estudios europeos de arquitectura están formados por pequeños equipos profesionales, circunstancia que hace especialmente difícil competir cuando los procedimientos de contratación priorizan casi exclusivamente la oferta económica.
Los representantes de las organizaciones profesionales defendieron la conveniencia de avanzar hacia modelos que permitan competir principalmente por la calidad de las propuestas, la innovación, la capacidad técnica y el valor añadido que aporta cada proyecto.
En este sentido, consideraron que el protocolo firmado entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el CSCAE supone un avance importante al reconocer el valor de los concursos de arquitectura y promover criterios objetivos que orienten la estimación de los costes asociados a los servicios profesionales.
No obstante, coincidieron en que será necesario continuar trabajando tanto en el ámbito nacional como europeo para reforzar el reconocimiento de la arquitectura como una actividad de interés general y favorecer unas condiciones profesionales que permitan mantener los niveles de calidad que exige la sociedad.
Una profesión ante nuevos desafíos
La reflexión sobre el futuro de la profesión continuó en el Congreso Mundial de Arquitectos con la iniciativa «Arquitectes en crisi: arquitectura ferida», un espacio participativo impulsado por profesionales catalanes para visibilizar las principales dificultades que atraviesa actualmente el ejercicio de la arquitectura.
A través de testimonios audiovisuales y un formato abierto al debate, la sesión abordó cuestiones como la precarización laboral, el incremento de la carga burocrática, la pérdida de reconocimiento del trabajo técnico y las consecuencias que estas circunstancias pueden tener sobre la calidad de la arquitectura.
El encuentro concluyó con la lectura del manifiesto «Arquitectes en crisi: arquitectura ferida», que reivindica la arquitectura como un bien de interés público y reclama un cambio de enfoque en las políticas públicas para situar la calidad arquitectónica en el centro de las decisiones relacionadas con el entorno construido.
Entre sus principales propuestas figuran la necesidad de priorizar el talento y la innovación en los concursos públicos, reducir la burocracia administrativa y garantizar unas condiciones adecuadas para el ejercicio de la profesión.
Un cambio de modelo para afrontar la crisis de la vivienda
La firma del protocolo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el CSCAE trasciende el ámbito institucional y refleja una apuesta por incorporar la calidad arquitectónica como uno de los pilares de las futuras políticas de vivienda pública.
El acuerdo reconoce que responder a la actual crisis habitacional no pasa únicamente por aumentar el número de viviendas disponibles, sino también por construir edificios mejor diseñados, más eficientes, sostenibles y plenamente integrados en su entorno urbano y social.
En este escenario, los concursos de arquitectura, la mejora de los procesos de contratación pública, la construcción industrializada y el reconocimiento del trabajo de los profesionales aparecen como elementos complementarios de una misma estrategia orientada a ofrecer una vivienda pública de mayor calidad.
Con una vigencia inicial de cuatro años, el protocolo abre una nueva etapa de colaboración entre ambas instituciones y sienta las bases para impulsar un modelo de promoción residencial donde la calidad arquitectónica, la innovación y la eficiencia constructiva ocupen un papel protagonista en el desarrollo de las futuras políticas de vivienda.
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